Estado de Bienestar

Puede que los árboles, en alguna ocasión, no nos dejen ver el bosque. Desde luego habría razones sobradas para ello, motivado por la insistente cortina de humo de una oposición crispada que no se permite -no nos permite- descanso en busca; no del interés general, sino de mantener pretas las filas en su reducto de votantes. Por todo ello, siempre es conveniente recordar al lector algunas de las iniciativas o proyectos que el gobierno socialista está llevando a cabo, no vaya a ser que la derecha actual de éste país nos intente sumir a todos en una amnesia colectiva o, lo que es peor, en una patética tergiversación de los hechos.

Uno de los proyectos del gobierno socialista, apostando firmemente por el impulso del Estado de Bienestar y las políticas sociales, es la aprobación de una Ley Nacional de Dependencia que supondrá una auténtica revolución social, puesto que ello supone dar respuesta a muchísimos ciudadanos que, desgraciadamente, no pueden valerse por si mismos.

Es bueno recordar que, durante los ochos años del gobierno del PP, la política social desapareció por completo de su agenda y prioridades. Desde 1994 a 2002, el gasto social en España se redujo del 24 al 20,1% del PIB, a la vez que la media de la UE, en 2002, era del 27,3%. El PP relegó a España, en políticas sociales, al penúltimo lugar de los paises miembros de la UE, tan sólo por delante de Irlanda. Y en el Indice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, tuvimos el triste honor de pasar del puesto 9 al 21. El panorama, obviamente, no era halagüeño.

En estos momentos, con un gobierno socialista, más de la mitad de los Presupuestos Generales del Estado se destinan a gasto social. Se han subido las pensiones por segundo año consecutivo, esperando que al final de la Legislatura el incremento se sitúe en torno al 26%. El Sistema Nacional de Dependencia, por tanto, supondrá un gran avance a nuestro país, resultado de un gobierno que cumple compromisos y que generará en torno a 300.000 puestos de trabajo pese a que la oposición -su dirección nacional-, obviamente, ya se ha encargado de calificar este proyecto como "una declaración de intenciones vacía de contenido". Aunque la aplicación y entrada en vigor de la Ley supondrá un periodo de ocho años -2007 a 2015-, por la cantidad de recursos que va a ser necesario movilizar, sin embargo no puede enturbiar el significado de fondo que lleva implícito; esto es, la seria apuesta por mejorar la vida de los ciudadanos. Conviene tenerlo en cuenta y no olvidarlo...